Ayotzinapa y el postulado de la brutalidad.

He visto en los medios a una cantidad de gentes afirmar categóricamente que el caso Ayotzinapa es un crimen del Estado mexicano. Aunque no se oculta que esta afirmación tiene cierto vigor persuasivo, me parece que este proceder es un tanto ilegítimo, temerario, irresponsable y, en algunos casos, probablemente malintencionado.

Un crimen de Estado presupone necesariamente una razón de Estado intencional. La razón de Estado, según la antiquísima definición que nos heredó Giovanni Botero, es la nota de los medios necesarios para fundar, sostener, consolidar y expansionar a un Estado. Y como estamos en el terreno del maquiavelismo vulgar, distorsionado, la elección de los medios se rige por la célebre máxima acuñada desde el siglo XVII por la moral jesuítica, en especial por el fraile Busembaum, y que erróneamente se atribuye a Maquiavelo, y que nos dice: El fin justifica los medios, es decir, si el fin es lícito, luego los medios son lícitos. 

Ahora bien, la línea de argumentación de aquellos que afirman que lo de Ayoztinapa es un crimen de Estado corre en el siguiente sentido: El Estado mexicano, desde tiempos de Carlos Salinas y hasta la fecha, ha echado a andar un programa legal y violento contra los normalistas de Ayotzinapa con los fines de amortiguar o nulificar su activismo político y cerrar su escuela - la razón de Estado -. Esto ha ido acumulando crímenes a lo largo del tiempo donde los lamentables sucesos del 26 de septiembre son un capítulo más, es decir, otro crimen de Estado, aunque ahora escrito con mayúsculas y con mucha sangre.

Hay elementos suficientes para creer razonablemente que la figura del Estado ha desaparecido por completo en aquellas partes de nuestro país donde los grupos del narcotráfico han asumido el poder total por la vía de la violencia o la corrupción, o por una mezcla de ambas cosas. En esos lugares el Estado solo existe como disimulo porque, en lo esencial, ya no hay un orden jurídico coercitivo y acordado por todos - Estado democrático - que instituya por lo menos la paz y la seguridad de las personas y su patrimonio. Se trata de espacios del país donde el Estado ha sido desplazado por guarniciones de criminales desalmados que han llevado a las comunidades prácticamente a un estado de Naturaleza, de guerra total, donde la única ley es la fuerza bruta y donde la supremacía otorga el derecho para controlar la conducta de los ciudadanos y su propiedad, incluyendo la vida misma. Iguala, como muchas regiones del país, está perfectamente descrito en lo dicho. Y dado lo anterior, no veo la manera en que podríamos afirmar la existencia de un crimen de Estado en el caso de Ayotzinapa si no tenemos antes la figura del Estado en la escena.

Soltemos las amarras un tanto y aceptemos que algunos, por tenacidad, podrían insistir en afirmar que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado postulando - una proposición no demostrada - que esas guarniciones de criminales están determinadas en absoluto, y de manera subrepticia, por la voluntad de la clase política oficialista del país. Bajo esas condiciones, claro que queda demostrado el crimen de Estado: Si la guarnición de mercenarios que gobierna por la fuerza en Iguala solo hace lo que le indica la clase política oficialista, luego queda demostrado el crimen de Estado. Sin embargo, recuerde el lector que esta demostración solo es válida si aceptamos como cierto el postulado mencionado, que es una afirmación arbitraria, no demostrada. Por el contrario, si usted no acepta el postulado como cierto, que lo puede hacer porque nadie le ha demostrado que sea cierto, la demostración es inválida.

Aun suponiendo contra lo razonable que dicho postulado sea cierto, es decir, que las guarniciones de criminales sí están determinadas en absoluto por la clase política oficialista, hay elementos que le quitan validez a la afirmación de que los estudiantes de Ayotzinapa han sido víctimas de un crimen de Estado en el caso de los sucesos del 26 de septiembre. Enseguida vemos eso.

Me resisto a dar la más mínima verosimilitud a esta afirmación del crimen de Estado porque eso me obliga a postular que los planificadores y ejecutores de los crímenes del Estado mexicano - en el supuesto caso de que existiera esta figura fascista -, son demasiado estúpidos en el desempeño de su trabajo. De entrada, y en lo personal, no logro ubicar a los muchachos de Ayotzinapa en el perfil de una persona que pueda representar al menos un peligro mínimo para la continuidad del Estado mexicano. En esto estarán de acuerdo conmigo los angustiados padres de esos muchachos afectados puesto que muy claramente han dicho que no logran explicarse lo ocurrido en tanto sus hijos solo son estudiantes, no criminales o trasgresores sistemáticos y gravosos del orden. En este sentido, suponer que hubo una razón de Estado que deliberó sobre la muerte de esos muchachos como un medio útil y eficaz para el sostenimiento y la prosecución del Estado mexicano nos obliga a afirmar que los criminales del Estado son una partida de imbéciles que no ordenan sus prioridades de manera correcta: masacran a una multitud de muchachos que no representan un peligro para el Estado.

Por otro lado, EPN y el PRI han avanzado tremendamente en la implementación de su programa de reformas. Su avance ha sido de tal grado que ya se puede considerar un hecho consumado. Su desempeño en todo este proceso ha sido eficiente si tomamos en cuenta que han ganado casi todas a cambio de unos costos muy exiguos, a menos que se considere que la opinión en contra de una mayoría de ciudadanos, pero que son notablemente pasivos, sea un costo importante. Independientemente de nuestro juicio crítico respecto a ciertos apartados de dicho programa, debe reconocerse que este logro priista tiene amplias repercusiones, no solo en la vida nacional, sino a nivel internacional en el esquema de los intereses de EUA y Europa, como es el caso de la reforma energética. En suma, el PRI ha avanzado muy bien en un asunto que es tremendamente importante para ellos, para los grupos sociales dirigentes de este país, y para los países hegemónicos en occidente. En estas condiciones, sería muy ingenuo suponer que los priistas estén dispuestos a poner en riesgo su impecable hoja de servicios en su programa general apostando a masacrar con el mayor sadismo a más de 40 muchachos normalistas con el solo propósito de atenuar su ímpetu político, que no es un riesgo significativo para su programa, y de paso cerrar una escuela rural que, por lo demás, en sí misma, constituye un punto mínimo de un vasto programa de reformas. Hablamos, pues, de una apuesta ridícula que nadie en su sano juicio tomaría, que no es atractiva ni en una trama novelera al estilo de Fu Manchú o el doctor Mabuse por una sencilla razón: se apuesta demasiado, como es el éxito de un programa de reformas casi concretado, a cambio de un premio que es casi nada: la atenuación del ímpetu político de los normalistas de Ayotzinapa y el cierre de su escuela.

Anda por ahí un argumento que favorece al crimen de Estado y que mana desde la información que ofreció René Bejarano al conocimiento público. A partir de ahí se sabe que desde casi un año atrás la PGR, Gobernación y el congreso local de Guerrero, recibieron denuncia sobre las actividades delictivas graves del hoy prófugo alcalde de Iguala y sus asociados, pero nadie hizo nada al respecto. Hasta aquí, y si esto es cierto, ya tenemos una posible falta grave en varias instituciones púbicas por cuanto omitieron la atención oportuna a una denuncia en torno a una guarnición de criminales muy peligrosa que representa un potencial peligro para la comunidad guerrerense. Ya veremos cómo responden a esto los señalados como omisos en los días por venir. Sin embargo, el problema en esta línea de argumentación empieza cuando, a partir de estos hechos aparentemente documentados, objetivos, se libera a la imaginación sin límites para empezar a extrapolar bajo supuestos no declarados un crimen de Estado que, pese a ser un evento solo probable por principio, es tenido como verdad indiscutible bajo los siguientes términos: El PRD Chucho negoció con el PRI su adhesión indeclinable al Pacto por México y al programa de reformas a cambio de un paquete de beneficios que incluía la impunidad para al menos dos de sus socios: el hoy multiasesino de Iguala y el gobernador de Guerrero. 

Por supuesto que si ponemos las cosas así gracias a la imaginación, ya tenemos perfectamente bien demostrado un crimen de Estado. Pero a pesar de que esta extrapolación tiene su vigor persuasivo, al menos no es imposible, no deja de ser un producto provisional y exclusivo de la imaginación. Cierto que podría servir como hipótesis de investigación en el plano jurídico, pero en este momento es un producto de la especulación por sus supuestos no declarados. Y siendo así las cosas, seguimos sin tener en las manos un crimen de Estado.

Hasta aquí, creo que ya nos quedan claros los vicios de esta afirmación del crimen de Estado en el caso Ayotzinapa. No es legítimo hacer afirmaciones categóricas cuando se está en la zona más allá de la cerca de la certeza razonable y donde solo se puede andar con suposiciones verosímiles. En estas condiciones, los discursos en favor del crimen de Estado son falaces por cuanto tratan de establecer una relación de causalidad entre una supuesta razón de Estado y una masacre de Ayotzinapa valiéndose de manera ilegítima de un supuesto no declarado: la guarnición de criminales desalmados que gobierna en Guerrero está determinada en absoluto por la clase política oficialista del país. Hay temeridad en esto por cuanto se arrostra una aventura sin saber a qué atenerse. Hay irresponsabilidad en esta temeridad porque se difunden falacias que parecen verdades en el entorno de un problema nacional muy delicado y que nos pueden llevar a consecuencias funestas e innecesarias. Y creo que, en ocasiones, hay en esto una mala intención, un deseo personal por usar del caso Ayotzinapa como un medio para fines políticos muy ajenos a los fines que le son propios al menos por el momento: la vida a salvo en esos 43 muchachos desaparecidos y la justicia infalible.

Ahora bien, sí hay elementos factuales de sobra para afirmar con certeza razonable que el Estado mexicano ya ha sido rebasado por completo por muchos fenómenos perversos en la vida social, especialmente por la violencia y su corrupción asociada. En esto, Ayotzinapa ha sido el dato cimero, el borbotón de sangre que rebasó los diques de la tolerancia. Pero lo cierto es que tal rebase es ya total, no está limitado a las regiones del país donde el problema de la violencia ya ha crecido a niveles de escándalo. Las regiones que hoy permanecen en aparente calma sufren una violencia y una inseguridad veladas, ocultas en las sombras, pero siempre creciendo y en latencia de explotar y alcanzar los niveles de escándalo que ya vemos en ciertas regiones y cuya consecuencia inevitable es la suplantación del Estado por una guarnición de criminales. A estas alturas de la historia nacional ya no podemos hablar de un México en seguridad y paz por cuanto éstas no están ya instituidas de manera cierta y predecible para los ciudadanos en ningún lado. Si esto es válido para los mexicanos que viven en zonas donde el Estado ha desaparecido, como Iguala, lo es también para aquellos que habitan en zonas de aparente ausencia de hostilidad por cuanto esto no equivale ya a seguridad y paz. Hoy ningún mexicano siente que su seguridad y paz estén garantizadas, y en algunos casos extremos, como es el caso de Guerrero, los ciudadanos saben que demandar dichas garantías a la guarnición de criminales que gobiernan por la fuerza es el gatillo que ha de disparar la más cruel violencia sobre su persona y propiedad. 

Debo aclarar que no estoy despreciando y devaluando el asunto Ayotzinapa, ni en sus sujetos - normalistas y escuela rural - ni en los sangrientos sucesos que nos ocupan. En mi análisis de la situación de la normal rural y sus estudiantes en el contexto de la política general del país y sus prioridades, solo busqué ser razonable mensurando objetivamente su realidad dentro de las exigencias de un vasto programa de reformas del PRI y evitando al máximo la mitificación. Por otro lado, y lo digo con toda sinceridad, mucho me ha dolido ver a estos muchachos esencialmente inocentes completamente desgarrados por una cruel violencia que oblitera su notable hazaña de vida personal: estudiar con empeño pese a las condiciones de pobreza y marginación en muchos de los casos. Pero más allá de mis afecciones personales, y hasta donde los datos a la mano lo permiten, veo los hechos de Ayotzinapa, no como un crimen de Estado, sino como la acción arbitraria, irracional y extrema de una guarnición de criminales que hizo valer su ley de la fuerza con un brutal crimen. Veo ahí el principio primitivo que hace posible y le da realidad a ese mundo salvaje una vez que los ciudadanos y políticos están dispuesto a asentir frente a él, por las buenas o por las malas: el postulado de la brutalidad.

Y eso es todo.

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