Ley Televisa y el tutelar de los mexicanos.

La democracia está inflamada de fantasías. Está muy sobrevalorada por el venenoso influjo de la retórica poética en labios de los políticos populistas. Es gracias a esa retórica fantástica que le adjudicamos a la democracia, a golpe de febril imaginación, virtudes que no posee por sí misma, que exceden sus posibilidades, para desde ahí perder de vista que la misma solo está en condiciones de garantizar dos cosas básicamente: Que los ciudadanos ejerzan su capacidad de elección en el terreno de la política, y la posibilidad de que, en determinadas condiciones que son propicias a la libertad humana, esa capacidad de elección encuentre un acuerdo mayoritario en torno a la decisión de quién o quiénes deberán gestionar al Estado. Sin embargo, y más allá de esas dos cosas posibles para la democracia, la misma es incapaz de proporcionar muchas de las virtudes que le adjudicamos, y más especialmente es incapaz de garantizar nada respecto a la validez de la misma elección de los ciudadanos bajo el criterio de lo que es bueno y útil para la continuidad y el progreso de la sociedad. 


Si la democracia es incapaz de garantizar la validez de la elección política de los ciudadanos sobre lo que es bueno y útil para la sociedad, no es sino porque la verdad en este terreno, como en todos los órdenes del saber, no depende de la determinación de los números en un universo plural de voluntades - mayorías -, sino de la correspondencia de lo que se piensa sobre la sociedad y sus posibilidades con la realidad o los hechos.

De esta forma, al ciudadano en democracia no le basta con gozar de la libertad de elegir en política para tener garantizado, al menos con alguna probabilidad significativa, que la sociedad caminará por la ruta de la historia ideal que determina nuestra cultura - nuestra noción de progreso -. Para lograr eso, para saber al menos por dónde caminar rumbo al ideal, es necesario antes saber elegir en la política. Y cuando hablo de saber elegir me refiero a que el ciudadano debe tener un conocimiento al menos mínimo que le permita comprender las diferentes alternativas políticas que se le ofrecen para luego ordenarlas según preferencia sobre la base de un criterio de verdad que posea y que no es sino su ideal de sociedad posible. Pero el ciudadano en democracia solo puede gozar de ese conocimiento respetable de su realidad política, y de sus juicios claros y distintos, accediendo a los datos de esa realidad por cuanto son esos datos los que le permiten pensar la realidad para desentrañar su verdad y deliberar desde ahí sobre su mejor elección política y las acciones consecuentes en el presente y el futuro.

Damos por sentado que un político que se precie con sinceridad de ser honesto y progresista debiera estar enterado de todo lo anterior. Y ya enterado de eso, debiera saber que la única forma posible para maximizar la probabilidad de que la libertad electiva de los ciudadanos en democracia camine por el rumbo de lo válido, de la verdad que conviene a la sociedad, es democratizando la información, que no es otra cosa que garantizar el libre acceso de los ciudadanos al flujo completo de los datos de la realidad política que se vive. Y por supuesto que, para que un político asuma esta postura, es preciso antes que postule, por línea de principio, que el hombre posee razón y que es capaz de pensar por sí mismo, sin necesidad de constricciones, decretos y ordenanzas externas debidas al tutelaje conciliar de los gestores del Estado, ya sea directamente o a través de cualquier otra entidad intermediaria de éste, como pueden ser la Iglesia o los medios de comunicación a su servicio.  

A estas alturas de comprensión, el político honesto y progresista siempre sabrá que no hay revolución o reforma política que sea más amable con la promoción de la democracia y el progreso de la sociedad, que aquella que hace válida la soberanía de la razón del individuo y que garantiza a ésta la completa libertad de acceso a la información en torno a su realidad en todos los órdenes. 

Pero, no obstante lo anterior, sucede que el PRI se ha empeñado por estos tiempos en promover una ley de telecomunicaciones que, en opinión de algunos expertos en la materia, deja imprecisiones y vacíos en el texto legal que hacen posible la futura intrusión del arbitrario criterio de la clase política reinante para censurar y obstruir el libre flujo de la información política hacia los ciudadanos, sobre todo en las redes sociales del internet, y bajo ambiguos y movedizos argumentos de ocasión como: Seguridad nacional, interés público, y lo que salga al paso de la necesidad de momento de esa clase política. No faltan algunos que, pecando de ingenuidad, consideren que la posición crítica de estos expertos está pecando de un exceso de desconfianza, de resquemores sobrados y muy infundados, por aquello de su detalle en el análisis crítico del texto de la propuesta priista de ley. Sin embargo, como en estas cosas debe siempre imperar la prudencia, y como la prudencia en este asunto nos obliga a realizar nuestras previsiones de futuro tomando en cuenta la experiencia acumulada en torno a la muy legendaria solera de nuestra clase política en eso de la deshonestidad y la inmoralidad, que tan bien le caracterizan, es inevitable, por mandato de razón práctica, que terminemos adheridos a la posición de esos expertos. En efecto, la prudencia indica que nada bueno se puede prever para el libre flujo de la información, la soberanía de la razón y la democracia, a partir de esas imprecisiones y vacíos, porque los cálculos de la razón en esto permiten esperar con máxima verosimilitud que la clase política reinante aprovechará esas deficiencias de la ley para ejercer una brutal y asfixiante labor de censura a todo flujo de información pública que, en su arbitraria opinión, atente contra los fines propios de su régimen.

Convengo totalmente en que el Estado debe ejercer cierto grado de censura focalizada a los flujos de información pública. Pero esa actividad debe restringirse a los flujos de información con matices claramente criminales, que tienen como fin último la promoción de la muerte, la constricción de las libertades y los derechos de los demás, y la disolvencia de la sociedad por sí misma. Y para esto existe plena justificación en el solo interés de promoción a la vida y su dignidad. Pero fuera de eso, no existe justificación alguna para tratar de censurar los flujos de información pública por el simple hecho de que profesan ideas o doctrinas que son contrarias a las que promueve el régimen en turno. Y menos es válido en esto echar mano de doctrinas moralinas y frívolas a la Susanito Peñafiel – algo muy propio de Televisa - para censurar los flujos de información pública pretextando escandalosos atentados al buen gusto, la dignidad y la sacrosanta laboriosidad de los mexicanos – una laboriosidad que nadie estima, y menos en los puentes vacacionales – debidos a actos como la befa pública y la protesta activa. 

Por mucho que le pese a los gazmoños televisos y políticos orgánicos de este país, no debemos perder de vista jamás dos cosas: Que toda protesta política, para ser verdadera protesta, ha de implicar costos sociales; y que la befa pública es un importante correctivo de la cultura popular para las conductas desviadas en los políticos. Créame que cualquier análisis de corte utilitarista en este ámbito siempre nos llevará a concluir objetivamente que hay ventaja para la sociedad en eso de permitir la protesta política y la befa pública. A un político de piel delicada que se ha traumado por la befa pública lo curamos con unas sesiones con el loquero, pero un robo cuantioso a la hacienda pública nos sale muy caro a todos. De igual forma, le aseguro que más gana la sociedad en todos los ámbitos tolerando las protestas políticas que proscribiéndolas. 

Esta argucia legalista del PRI habla sin más de una actitud dogmática y autoritaria. Equivale a las ordenanzas conciliares donde por decreto se excluyen de la discusión todas las ideas contrarias a las que sostiene el que decreta las reglas del juego y los contenidos del mismo por principios, no de razón y consenso, sino de simple y llana autoridad. Equivale al dogmatismo de aquellos extremistas tenaces que se niegan a someter sus ideas a discusión y que condenan de dogmáticas a todas las ideas que son contrarias a las suyas. Y es así que ya vemos aquí muy boyante una tremenda contradicción en el discurso del PRI. En efecto, mientras se empeña en declamar por doquier que su mayor interés está en la promoción del perfeccionamiento de la democracia, lo cual empeña su compromiso con la libertad de pensamiento y discusión, en los hechos vemos que su empeño real está en socavar a la democracia estableciendo una ideología del régimen que esté fuera de discusión por un simple principio de autoridad arbitraria. Y la cosas no pueden dar lugar a dudas a este respecto puesto que ese partido está pretendiendo perturbar los insumos fundamentales que hacen posible que la democracia dé en el blanco de la verdad que más conviene a la promoción de la vida en sociedad: La información y su discusión pública.

Lo anterior se sostiene como previsión de máxima verosimilitud mientras el PRI prevalezca en su argucia legaloide. Y afirmar esto es válido por principio de prudencia. En efecto, mientras el PRI no esté dispuesto a aceptar que la prudencia obliga a desconfiar de él, y mientras no esté dispuesto a subsanar esas imprecisiones y vacíos que dan origen a esa desconfianza fundada de los ciudadanos en este tema, estará dando suficientes elementos para alimentar expectativas muy objetivas, y a más y mejor, en el sentido de que sí ha planeado todo este asunto para propiciar un muy cómodo espacio que mañana le permita intrusionar los flujos de información pública legítimos con una arbitraria y brutal censura. 

Pero estas inconsecuencias del PRI no deben sorprendernos. Nada nuevo hay bajo el sol. No es la primera vez que el PRI de los tiempos que corren cae en flagrante contradicción entre el decir de su discurso y el hacer. Como ya hemos dicho en muchos artículos en este diario, antes y después de la reformas, su discurso demócrata y progresista no tiene correlato con los hechos y es muy previsible que así sea por los siglos de los siglos, porque así es la solera del PRI. Y este nuevo suceso de la Ley Televisa es solo un dato más en la experiencia acumulada.

La ley Televisa nos habla implícitamente de la forma en que los televisos, oligarcas y políticos orgánicos de este país, conciben a los mexicanos ordinarios: Como una multitud dispersa de niños estúpidos y amotinados que necesitan del tutelaje del Estado para usar su razón. Y esto equivale a convertir al país en una suerte de tutelar para unos ciudadanos que son vistos como estando en minoría de edad. Nada más contrario al espíritu de la democracia.

Buen día.

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