Policías comunitarias y la rebelión de la clase política.

Grande ironía me han resultado las declaraciones de la clase política oficialista por aquello del fenómeno de las policías comunitarias en algunas zonas del sur del país. A grandes rasgos, las expresiones de esa clase política en este asunto se ciñen más o menos al siguiente script: Las policías comunitarias son ilegales y un signo de ingobernabilidad harto peligroso que pueden desembocar en consecuencias que son absolutamente previsibles: violaciones a las garantías individuales. Y es evidente que, en este asunto, el principio de que parten los políticos oficialistas es aquel que nos dice que nadie puede estar por encima de la ley en virtud de que todos debemos respetar el derecho y el orden constitucional.

Si usted lee las notas sobre este tema, bien puede extraer de las opiniones vertidas por la clase política oficialista los siguiente puntos principales: Primero, que hay gobernabilidad en el país al menos en este punto de la seguridad. Concedamos el beneficio de la duda a la clase política y digamos que reconocen implícitamente que es una gobernabilidad al menos precaria. Segundo, que las policías comunitarias son una amenaza de ingobernabilidad, lo cual refuerza el presupuesto de la existencia de la gobernabilidad. Tercero, si las policías comunitarias son una amenaza a la gobernabilidad, luego se sigue que constituyen un acto de rebeldía respecto al orden constitucional. Cuarto, si las policías comunitarias son un acto de rebeldía, luego se sigue que las comunidades promotoras de semejante acto son rebeldes al menos en este punto que nos ocupa.
Pero también existe por ahí en el discurso de la clase política un cierto aire de comprensión, mas no de aprobación y adhesión, hacia las policías comunitarias. Tomo al caso algunas expresiones de Manlio Fabio Beltrones cuando se refiere a los motivos de las comunidades en este caso: las comunidades han hecho esto "para lograr el propósito de garantizar la seguridad que debe dar el Estado". 
Bien. El asunto de las policías comunitarias es tan claro en algunas de sus causas que no necesita mayor explicación, y por ello ni siquiera es tema para un apunte porque creo que cualquier ciudadano detecta esas causas por puros golpes de sentido común. Incluso la misma clase política oficialista reconoce esto a grado tal que no ha tenido de otra que reconocer públicamente la causa fundamental de esto, aunque solo a medias, porque parece que tiende a hacer radicar el problema en una omisión del Estado.  
Pero lo que me interesa abordar aquí es esa grande ironía que mencionaba al abrir el apunte. Una ironía que, por principio, está diseñada desde la misma clase política para descargar la culpa o la responsabilidad en un ente abstracto, que solo es concepto y no dato objetivo, como es el Estado, y dejar así a buen resguardo el buen nombre del dato, es decir, la clase política oficialista.  
En efecto, en todo esto hay una grande ironía porque si nos atenemos a la razón demostradora y a los hechos, al dato, no a los vulgares legalismos, los legalismos que brotan de una ley que ya es muy sospechosa de por sí, luego encontramos que las cosas en el discurso de la clase política son al revés de la realidad; realidad donde el obediente es el obediente rebelado, y el rebelde es el rebelde obediente. Déjeme mostrarle esta ironía.
Para empezar, y como dije arriba, todos estamos de acuerdo en que la causa de este fenómeno de las policías comunitarias reside en una omisión en el ámbito del Estado en materia de seguridad. Sin embargo, como el Estado no es un dato objetivo, es menester introducir aquí tres rectificaciones importantes para objetivar las cosas y llamarlas por su nombre: Primera, la responsabilidad no es del Estado; es de la clase política que gestiona al Estado. Y esa clase política tiene muchos nombres y apellidos y siglas de partidos, mayormente del PRI y el PAN. Así que darse a la tarea de llamar a la cordura y a la legalidad a las autoridades municipales y estatales implicadas en el asunto, es mero juego de engaño sofístico para diluir las verdaderas causas del problema y lavarse las manos. Segunda, no es un problema de omisión focalizado; se trata de un problema de omisión general y a escala nacional, y de ello da cuenta el mismo problema de violencia generalizada que inunda a este país, y desde el cual se explica el mismo problema de las policías comunitarias. 
¿Y por qué es responsabilidad de la clase política en pleno? Esto es simple de responder.
La clase política oficialista en pleno es responsable de esto por omitir históricamente tres de sus responsabilidades fundamentales en el ejercicio de la política, a la cual parecen desconocer punto por punto si nos atenemos a los hechos. De entrada, esa clase política ha descuidado su obligación de usar de la política para formar buenos ciudadanos. Lo cierto es que a través de su vulgar utilitarismo en la política ha dado lugar a una sociedad que se ha convertido en una suerte de guarnición de mercenarios, donde la regla de pervivencia es la vulgar utilidad que desemboca en una lucha de todos contra todos. Luego, con su mismo ejemplo en el ejercicio de la política, esa clase política ha determinado una tabla de valores modélica que solo ha venido a fortalecer por adhesión los fundamentos "morales" de esa guarnición de mercenarios. "Si los de arriba roban, ¿por qué yo no?" - se dice el mexicano ordinario -. Y finalmente, y para asegurar la impunidad en la comisión de sus pecados contra la nación, esa misma clase política ha fabricado un sistema de justicia muy exótico en variedad y cantidad de leyes, pero absolutamente inútil en lo que Cesare Beccaria llamaba una de las principales virtudes de las leyes: la infalibilidad. Y es esta falibilidad de las leyes en México lo que da cierre con broche de oro para que la delincuencia y su violencia se desaten a más y mejor.
No nos chupemos el dedo, señores políticos. De los puntos señalados arriba, entre otros muchos, y no del ente abstracto llamado Estado, deriva el fenómeno de la violencia en México y su derivado reactivo, transitorio y particular, llamado policías comunitarias. Y sobre esta perversión en la justicia en el Estado mexicano en virtud de la misma naturaleza pervertida de la clase política que la gestiona, tenemos ejemplos maravillosos y muy frescos en la última elección presidencial y en el asunto Cassez, por señalar dos de los más recientes y sonados ejemplos de nuestras muy falibles leyes.
En contraparte, las comunidades que promueven las policías comunitarias están intentando trascender desde las entrañas de ese monstruo de corrupción política para gestionar por cuenta propia un sistema de justicia nativo que posea precisamente esa virtud importantísima de la infalibilidad, virtud que no posee la justicia del Estado gestionado por la clase política oficialista.
Todo contrato social articulado en un cuerpo de leyes está enderezado a procurar tres garantías fundamentales a los individuos contrayentes, entre otras muchas: el respeto a su vida o integridad física; el respeto a su libertad; y el respeto a su propiedad y a los productos de su trabajo. Y desde esta perspectiva, se rebela al orden establecido por el contrato social hasta convertirse en una franca amenaza para la gobernabilidad y la continuidad del organismo social, aquel individuo contrayente que salta u omite estos ordenamientos legales para dar satisfacción a su propia utilidad personal; y obediente es aquel individuo que ciñe su voluntad a esos ordenamientos legales que garantizan su felicidad y la del colectivo. Y peor aún, rebelde de rebeldes es aquel individuo que salta o pisotea los ordenamientos legales del cuerpo social en atención de su utilidad personal. 
Hasta aquí ya le queda clara la ironía si usted se atiene a la razón demostradora y a los hechos, a los datos, y no a los vulgares legalismos que solo son pasto para los discursos vanos. Ironía, porque esa clase política oficialista que llama rebeldes, amenazas para la gobernabilidad, a las comunidades que dan cuerpo a las policías comunitarias, son en realidad los rebeldes frente al orden constitucional originario;  rebeldes que, por su oficio político, deben ser tenidos como rebeldes de rebeldes. En tanto que los estigmatizados como rebeldes por la clase política, los integrantes de esas comunidades promotoras de las policías comunitarias, vienen a ser los obedientes que intentan restablecer el espíritu del orden social originario.
Grande ironía cuando las cosas se ven desde la razón demostradora y no desde el vano discurso legaloide, ¿no es así? 
Si las policías comunitarias han surgido solo hasta ahora en esas comunidades del sur del país, y no en todas partes, es solo porque determinadas condiciones culturales y demográficas de esas comunidades así lo permiten. Por un lado, su tradición de usos y costumbres facilita enormemente este tipo de movimiento de autogestión. Por supuesto que poseen buen expertise en esto de la autogestión. Por otro lado, su baja escala demográfica permite que esas comunidades adquieran un espíritu de cuerpo muy eficaz para movilizarse como un solo organismo a través de un sistema de consenso por democracia directa. Y es en este último punto donde encontramos la explicación al pánico de los integrantes de la clase política oficialista frente a este fenómeno de las policías comunitarias. 
De cierto que los integrantes de la clase política oficialista temen que este ejemplo de autogestión ciudadana espontánea cunda por doquier. Hablamos de la peor pesadilla de los políticos oficialistas; una pesadilla donde la sociedad mexicana logra adquirir de manera espontánea un espíritu de cuerpo como el de esas comunidades y que termina por rebasarlos por completo para ser mandados a su casa en retiro permanente...y de cierto que, en esa pesadilla, la casa como destino final sería el mejor de los casos para ellos.

Buen día. 

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